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Informe técnico-jurídico que cuestiona, desde una perspectiva de derechos, los requisitos de acceso al Ingreso Mínimo Vital en España y la exclusión de los menores de 30 años.
El documento denuncia el trato discriminatorio que esta política pública dispensa a la juventud, evidenciando las barreras burocráticas que dificultan su acceso a los mecanismos de protección estatal frente a la pobreza. Argumenta que exigir requisitos endurecidos vulnera preceptos constitucionales de equidad.
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