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Consejo de Derechos Humanos

El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental de Naciones Unidas, que tiene como objetivo principal estudiar la situación de las violaciones de los Derechos Humanos y hacer recomendaciones al respecto.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU establece una serie de “procedimientos especiales” llamados así porque hacen frente a situaciones concretas en países concretos o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los objetivos de estos procedimientos son examinar, supervisar, realizar estudios, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre las situaciones de Derechos Humanos en países o territorios específicos, o sobre los principales problemas de violaciones de Derechos Humanos a nivel mundial, así comopromocionar los Derechos Humanos. También pueden atender denuncias individuales.

Los procedimientos especiales pueden estar integrados por una persona (denominada “Relator Especial”, “Representante Especial del Secretario General”, “Representante del Secretario General” o “Experto Independiente”), o por un grupo de trabajo. 

Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional (también conocida como “el Tribunal de La Haya”) es un tribunal permanente establecido para ayudar a acabar con la impunidad de los perpetradores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión).La Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia.

Todo Estado Parte en el Estatuto de Roma puede solicitar a la Fiscalía para llevar a cabo una investigación. Un Estado que no sea parte en el Estatuto también puede aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional respecto de los crímenes cometidos en su territorio o por uno de sus nacionales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podrá también remitir una situación a la Corte.

También la Fiscalía podrá actuar de oficio si recibe información fiable sobre delitos de competencia de la CPI. Esta información puede ser proporcionada por personas, organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas. El Fiscal debe, sin embargo, obtener el permiso de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, antes de iniciar una investigación en tales circunstancias.

Los jueces pueden imponer una pena de prisión, a la que podrá añadirse una multa o decomiso de bienes y haberes. La pena máxima es de 30 años. Sin embargo, en casos extremos, la Corte podrá imponer una pena de cadena perpetua.