milenta nueva

21 de diciembre de 2007

Exigimos al Gobierno y al Partido Socialista que, de una vez por todas, cumpla sus promesas electorales y aborde sin más dilación la reforma de la legislación vigente, para que el aborto pueda ser ejercido con libertad y con cargo a la sanidad pública". Un total de nueve asociaciones asturianas de mujeres firmaron ayer un manifiesto en el que reclaman al Gobierno central la aprobación de la ley de plazos para las interrupciones voluntarias de los embarazos. Además el documento incluye una dura crítica contra "la persecución" que están sufriendo los profesionales que realizan este tipo de intervenciones y también contra la clausura de clínicas.

Para este conjunto de asociaciones --integrado por Adrei, AFA, Colectivo no sexista, Milenta muyeres, Tribadas, Les filanderes, El fresno, Les cames sin facer y Espacio experimental de mujeres-- el aborto es "un derecho" conquistado por la amplia movilización del movimiento feminista en los años setenta y ochenta, que reivindicaban su autonomía para decidir sobre su maternidad. A su juicio, los últimos acontecimientos suponen "una vulneración" de la legislación vigente, una normativa con la que tampoco están plenamente satisfechas.

Estas mujeres creen que la polémica que se está generando provoca un alarmismo injustificado que solo quiere "intoxicar a la opinión pública con supuestos datos que están muy lejos de ser ciertos". Con las estadísticas del Ministerio de Sanidad en la mano, señalan que "casi el 90% de los abortos se realizan dentro de las 12 primeras semanas de gestación y el 10% restante entre las 12 y las 20". También indican que las interrupciones más tardías se deben básicamente "a taras fetales" que se diagnostican cuando el embarazo está muy avanzado y matizan que son situaciones "muy complicadas y extremas".

Las asociaciones asturianas critican que la sanidad pública se escude en la objeción de conciencia para desentenderse de este problema y delegue los abortos en las clínicas privadas. El manifiesto incluye datos: El 97% de las intervenciones se realizan en centros privados. Además explica que sus plantillas se encuentran en una situación de "total indefensión, pendientes de denuncias o arbitrariedades de las autoridades de turno".

Esta es la suma de motivos que los nueve colectivos esgrimen para reclamar una nueva legislación para que la interrupción de los embarazos sea "un ejercicio de libertad".