Mónica Bernabé. Kabul 14 de julio 2010 

"Diversas familias explican la historia de una mujer embarazada que, a principios del año 1994, a las diez de la noche, se dirigía al hospital junto a su marido. Entonces a esa hora había toque de queda en Kabul (la capital afgana) y los coches no podían circular por la calle. Guerrilleros pararon a la pareja en un control militar y aconsejaron al marido que regresara a casa, pues ellos ya llevarían a la mujer al hospital. Al día siguiente el hombre buscó a su esposa en el hospital pero no la encontró por ninguna parte, y regresó al control militar. Allí los guerrilleros le dijeron que, como sólo habían visto parir a una mujer en las películas, por una vez quisieron verla en vivo. Los cuerpos de la esposa y la criatura recién nacida yacían allí muertos".

Éste es uno de los casos que recogía en 1995 el informe de Amnistía Internacional Mujeres en Afganistán, una catástrofe para los derechos humanos, sobre las atrocidades cometidas en Kabul a principio de los años noventa. Ahora los responsables de esas salvajadas y muchas más -la citada es tan sólo un ejemplo- se presentan como candidatos a las elecciones parlamentarias previstas en Afganistán para el próximo 18 de septiembre.

La situación es tan sumamente escandalosa que incluso la ONU, normalmente poco dada a denuncias, ha levantado su voz al respecto. El representante especial para Afganistán del secretario general de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura, ha dicho literalmente sentirse "decepcionado" porque no se ha hecho nada para evitar que a la carrera electoral concurran personajes de pasado más que turbio. De 2.577 candidatos, sólo 13 han sido apartados por su vinculación a grupos armados.

Movilizaciones en España

En España dos ONG, la Asociación por los Derechos Humanos en Afganistán (ASDHA) y el 'Coleutivu Milenta Muyeres', también se están movilizando. Con el lema 'Lo tienes que parar'. Por un Parlamento afgano sin criminales de guerra, han iniciado una campaña para pedir que la comunidad internacional impida que personajes de esa índole se presenten a las votaciones de nuevo. En las elecciones legislativas del 2005 ya lo hicieron. Pero, ¿cómo conseguirlo? La Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos van a ser dos de los principales financiadores de los comicios, que van a costar, ni más ni menos, que 149 millones de dólares (unos 118 millones de euros), según Noor Mohammad Noor, portavoz de la Comisión Independiente Electoral.

En la página web www.lotienesqueparar.org (también existe la versión en inglés de la campaña, www.thismustend.org, así como en catalán, euskera y asturiano), se recogen firmas de apoyo. Cada vez que alguien se adhiere a la campaña, un email se envía de forma automática a autoridades de la Unión y Parlamento europeos, y la embajada de Estados Unidos en Afganistán. En la web también se puede ver un video que ayuda a entender qué pasa en Afganistán y por qué personajes supuestamente responsables de crímenes de guerra ocupan ahora cargos de poder.

"Según la ley electoral, no es nuestra obligación supervisar si se presentan o no candidatos vinculados a grupos armados ilegales", afirma lavándose las manos el juez surafricano Johann Kriegler, uno de los cinco miembros de la Comisión Electoral de Quejas que, en teoría, debe velar en Afganistán por la celebración de unas elecciones limpias. Según dice, esa tarea corresponde a la llamada Comisión de Veto, que depende a su vez de la Comisión Independiente Electoral, cuyos responsables son nombrados por el presidente afgano, Hamid Karzai, que precisamente en las últimas elecciones presidenciales pactó con los principales señores de la guerra del país para conseguir su apoyo. Ahora muchos de esos señores de la guerra son los que se presentan como candidatos a los comicios legislativos.

Por otra parte, la Constitución afgana dice que las personas procesadas por un tribunal no pueden concurrir a unas elecciones, pero desde el 2007 existe en Afganistán una ley de amnistía que prohíbe que se juzgue en el país a todos aquellos que participaron en la guerra, con lo que nadie ha sido procesado. Es el pez que se muerde la cola. La ley la promovieron los señores de la guerra que ahora ya son diputados en el Parlamento.

La ley electoral afgana establece que las personas cuyo nombre figure en la lista de grupos armados ilegales existentes en Afganistán -elaborada tras la caída del régimen de los talibán en el 2001- tampoco podrán concurrir a los comicios. La mencionada lista se confeccionó cuando en el Gobierno afgano era ministro de Defensa Mohammad Qasim Fahim, que es uno de los principales criminales de guerra del país. Fahim se cuidó entonces de que determinados nombres -entre otros, el suyo- no figuraran en el listado. Ahora Fahim es vicepresidente en el Gobierno afgano.