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| Por los derechos de las trabajadoras del sexo |
Cristina Garaizabal
Cofundadora de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las prostitutas) 2006
Publicado en Ampliando horizontes feministas. Adrei |
En los últimos tiempos se han tomado diferentes iniciativas institucionales sobre la prostitución por parte de algunas administraciones locales. Entre ellas las que más han destacado han sido la de los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, aunque posteriormente otros Ayuntamientos como el de Valencia y algunos de Baleares han seguido también estas políticas.
Aunque el signo político del Ayuntamiento de Madrid (PP) y el de Barcelona (PSC-ERC-Inicitiva) sea diferente, las políticas que últimamente han tomado en relación a la prostitución están inspiradas por los mismos objetivos: acabar con la prostitución que capta su clientela en la calle. Los argumentos empleados para defender estas políticas son diferentes pero las consecuencias en la práctica son las mismas: las personas trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle, fundamentalmente mujeres y en una alta proporción inmigrantes en situación irregular, son perseguidas, acosadas por las policías municipales que vulneran sus derechos más elementales.
El Ayuntamiento de Madrid puso en marcha su Plan contra la esclavitud sexual en abril de 2004. En teoría la intención explicitada por Ana Botella era luchar contra las situaciones de esclavitud que padecían las mujeres que ejercían la prostitución en las calles de nuestra ciudad. El Plan se proponía acabar con este tipo de prostitución, ofreciendo a las prostitutas dejar este trabajo e incorporarse a planes de reinserción cobrando 300 euros mensuales o la vuelta a su país de aquellas inmigrantes que no tenían regularizada su situación en este país. Las acciones que acompañaron la puesta en marcha del Plan eran fundamentalmente represivas: grandes concentraciones de Policía Municipal que perseguían a las trabajadoras del sexo demandando papeles, insultos racistas y sexistas hacia ellas, amenazas a las que tenían permiso de residencia, tomándoles nota del nombre y diciéndoles que se preparasen cuando tuvieran que renovar sus papeles, cierre de los pequeños locales donde se ocupan sin justificar porqué esas redadas en esos hostales y no en grandes clubs...
También se lanzó una campaña dirigida a los clientes bajo el lema ´Si existe la prostitución es porque tú pagas. No colabores en la explotación sexual de seres humanos´, campaña que iba acompañada de una actuación de persecución y toma de datos de todos aquellos clientes de la prostitución de calle.
Este Plan estuvo apoyado desde el principio por diversas organizaciones feministas de corte abolicionista, que veían en él una concreción de esa filosofía abolicionista. Hetaira desde el primer momento denunció el Plan e intentó llevar esta denuncia al terreno judicial porque creemos que es un Plan que raya en la ilegalidad, ya que conculca derechos fundamentales de las trabajadoras y también de los clientes. En nuestro país ejercer la prostitución no es delito y por lo tanto no existe justificación legal para la persecución policial ni de las unas ni de los otros.
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Las actuaciones del Gobierno Municipal no respetan la decisión todas aquellas mujeres que quieren ejercer la prostitución, presionándolas para que la dejen por unos miserables 300 euros y muchas promesas de formación. ¿Quién puede vivir dignamente con este dinero? Tampoco ofrece ninguna vía de regularizar la situación de aquellas que son extranjeras y que, aunque tienen medios para vivir aquí, no tiene legalizada su situación. El ´hostigamiento´ a los clientes, además de inconstitucional lo que hace es dificultar el trabajo de las prostitutas y crear un clima de inseguridad permanente, en el que reaparece la figura del ´chulo-protector´, una figura que había casi desaparecido y que ha vuelto desde que el Plan se puso en marcha. Se estigmatiza aún más a las trabajadoras del sexo a las que no se permite caminar tranquilamente por la zona Centro y menos detenerse en la acera, persiguiéndolas en función de los rasgos físicos o la vestimenta que lleven, acosándolas permanentemente con la demanda de identificación.
En definitiva, se pretende que quienes quieran seguir ejerciendo la prostitución lo hagan en locales cerrados en los que los empresarios las explotan laboralmente, quedándose con un tanto por ciento de su trabajo e imponiendo sus reglas.
La normativa municipal que ha sacado el Ayuntamiento de Barcelona, aunque diferente en la letra, entre otras cosas porque el Plan del Ayuntamiento de Madrid no está escrito, no difiere en nada en sus resultados. Si el Ayuntamiento de Madrid toma estas medidas para luchar contra la esclavitud sexual, el Ayuntamiento de Barcelona toma como motivación la convivencia ciudadana. Mientras que las acciones del Ayuntamiento de Madrid son básicamente la toma de datos y la detención de aquellas prostitutas que no tienen legalizada su situación en nuestro país, el de Barcelona además de tomar datos impone multas, que pueden llegar a los 3.000 euros por reincidencia. Pero las consecuencias prácticas de uno y otro plan son las mismas: persecución y acoso de las trabajadoras del sexo, empeoramiento de las condiciones de trabajo de estas mujeres, condiciones que ya eran bastante precarias y creación de un clima de inseguridad que aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras y la posibilidad de agresiones, como ya está sucediendo en ambas ciudades.
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¿Qué impulsa estas políticas tan parecidas, en dos ciudades gobernadas por partidos de signo político diferente? En primer lugar creo que ambos gobiernos municipales están motivados muy fundamentalmente por un interés electoral, en el que tan sólo les preocupa tranquilizar a los ciudadanos que protestan por que se vea la prostitución en sus barrios. Obviamente no les preocupa en absoluto las condiciones en las que se mueve la vida de las prostitutas, ni qué hacer para que éstas puedan superar las situaciones de mayor vulnerabilidad. Ambos gobiernos municipales lo que pretenden es acabar con la prostitución de calle porque es la que más se ve y la que genera más problemas con el resto de la ciudadanía. Para ello, hacen recaer sobre ella una serie de prejuicios que conviene aclarar ya que se repite que ese sector está siempre obligado por mafias a ejercer y es quién lo hace en condiciones de mayor explotación.
Contrariamente a esa creencia, quienes prefieren captar la clientela en la calle, lo deciden así porque aunque el trabajo en calles y parques implique mayores riesgos para su seguridad también suele implicar mayor libertad en el ejercicio y mejores ganancias, dado que los lugares cerrados están llevados por los dueños que son los que imponen las condiciones de trabajo y que se quedan un tanto por ciento importante de sus ganancias. Generalizar y obligar a que toda la prostitución se desarrolle en lugares cerrados implica aumentar las discriminaciones de aquellas prostitutas mayores o con una apariencia física determinada que no se corresponde con lo que se ´lleva´ en cada momento. Pero además hoy, en la medida en que es imposible el reconocimiento de esa relación laboral ya que el artículo 188 del Código Penal considera delito ´aprovecharse económicamente de la prostitución de un tercero, aún con el consentimiento de éste´, obligar a todas las prostitutas a ejercer en locales cerrados implica dejar a éstas al albur de las condiciones draconianas que los empresarios imponen en sus clubes, sin ninguna posibilidad legal a las que las mujeres puedan acogerse para mejorar dichas condiciones.
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No obstante, es cierto que captar la clientela de la prostitución en la calle es lo que plantea más problemas y que muchos de los conflictos que se han dado en los últimos tiempos han sido, precisamente, contra la prostitución en la calle (por ejemplo en la calle Montera en Madrid), planteándose incluso, por parte algunas asociaciones de vecinos, la regulación en locales cerrados. De la experiencia de Hetaira en la resolución de conflictos entre vecindario y prostitutas en zonas de Madrid como Méndez Alvaro, La Casa de Campo o la calle Montera, sabemos que la defensa de las trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle no está exenta de conflicto y no somos partidarias de que las prostitutas, ni nadie, haga lo que le dé la gana sin tener en cuenta a nadie ni a nada. Parto de la consideración de que los espacios públicos son de todos los ciudadanos y su utilización no está exenta de conflictos nunca y no sólo por el tema de la prostitución, un buen ejemplo de ello es el botellón en diferentes ciudades de nuestro país. Pero me cuestiono que sean los Ayuntamientos los únicos que tienen la facultad de establecer cómo se utilizan éstos, más aún si nos atenemos a los fraudes urbanísticos que se están descubriendo últimamente. Creo que el espacio público debe ser negociado por los diferentes agentes sociales en pie de igualdad. En el caso de las prostitutas me parece fundamental romper con la idea de que siempre tienen que ser éstas las que deben plegarse a la voluntad del resto de ciudadanos y cambiar de lugar de trabajo. Las propias trabajadoras del sexo son las primeras interesadas en mejorar sus condiciones de trabajo desarrollando éste en lugares tranquilos y seguros, con mejores condiciones de higiene, de alumbrado... En este sentido, en muchas ciudades son partidarias de la creación de zonas de tolerancia, al estilo de los barrios rojos de algunas ciudades europeas donde poder ejercer en mejores condiciones que en la actualidad.
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Otro de los asuntos que últimamente se ha repetido hasta la saciedad es que un 95% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas. Esta cifra ha sido dada por la Plataforma para la Abolición de la Prostitución y repetida en el informe que elaboró la UGT, en las declaraciones que hizo el Instituto de la Mujer a raíz de la propuesta de la Conselleria de Interior de la Generalitat de Catalunya y reproducida en una editorial que el periódico El País sacó en el mes de marzo. Este dato es en sí mismo falso, pero lo más preocupante es que sirve para argumentar que no se puede regular la prostitución ni reconocer los derechos de aquellas trabajadoras del sexo que quieren seguir trabajando porque estas prácticamente no existen, ya que son un porcentaje bajísimo, según estos sectores y lo que hay que hacer es abolir la prostitución y luchar para que desaparezca, siendo una regulación de la misma contraria a esta finalidad.
Las cifras que ha recogido Hetaira así como las que he tenido ocasión de consultar no reafirman para nada este dato. Por el contrario, el trabajo que venimos haciendo en Hetaira desde hace 11 años nos dice que un 85% de las mujeres que captan su clientela en las calles de Madrid lo hacen por decisión propia, aunque obviamente esta decisión está condicionada por el nivel económico, cultural y social de estas mujeres así como por el hecho de ser, en su mayoría, mujeres inmigrantes en situación irregular. Pero estas circunstancias no quitan para que, muchas de ellas hayan venido a este país con la intención de trabajar como prostitutas y otras muchas lo han decidido una vez aquí cuando han visto las posibilidades laborales que nuestro país les ofrecía. Un 5% de las mujeres que Hetaira se encuentra trabajan claramente obligadas por mafias, que las controlan permanentemente y que no dejan que hablen con nadie salvo con los clientes para establecer el trato. Así mismo, aproximadamente en un 10% de casos vemos que las mujeres tienen ´amigos que las protegen´ y que, probablemente, las someten a algún tipo de coacción, pues manifiestan miedos y están siempre muy alertas a lo que ellos puedan hacer. Parece claro que estas cifras no pueden generalizarse porque no están basadas en un estudio que tome una muestra amplia de la prostitución en el conjunto del estado español ya que están basadas en nuestra experiencia en Madrid, pero creo que dan una idea más clara de la realidad, sobre todo de la prostitución de calle. Más aún cuando la cifra del 95% no está basada en ningún estudio ni trabajo de calle como recientemente tuvo que reconocer el Defensor del Lector de El País, ante los requerimientos de Hetaira de que dijeran de dónde habían sacado el dato.
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Pero dejando de lado la guerra de cifras, no creo que con unas cifras u otras queden justificadas las políticas abolicionistas. Incluso suponiendo que fuera un tanto por ciento de trabajadoras las que lo hicieran sin coacción de terceros, si estas quieren seguir ejerciendo, el estado debería contemplar sus derechos para garantizar que nadie las explote laboralmente ni se aproveche de la situación de alegalidad en la que actualmente se mueven.
Cuando la filosofía abolicionista guía las decisiones políticas presenta una serie de problemas que, en lugar de favorecer a las mujeres, como se pretende, acaba empeorando su situación y dejándolas más desprotegidas que como están en la actualidad. El abolicionismo no es realista, dicen que sólo penalizan a proxenetas y clientes y que ´convencen´ a las mujeres para que abandonen la prostitución pero ¿qué pasa con aquellas que no quieren abandonarla? ¿alguien les pregunta qué quieren hacer? Porque uno de los problemas fundamentales de esta filosofía es que no tiene en cuenta las opiniones de las trabajadoras del sexo. Para ellas, las prostitutas o son víctimas deseosas de abandonar la prostitución o están alienadas por la explotación sexual que los hombres ejercen sobre ellas y no saben lo que les conviene. En consecuencia, no merece la pena preguntarles porque se presupone que lo mejor para ellas, quieran o no, es reinsertarse y abandonar la prostitución.
Además, como hemos podido ver en Madrid, en la práctica lo que pasa con las mujeres que no quieren abandonar la prostitución de calle, es que se las persigue y acosa. Es decir, para ser eficaz el abolicionismo acaba combinándose con políticas criminalizadoras y represivas. Además la penalización de los clientes empeora las condiciones de trabajo porque los tratos deben ser rápidos y semiclandestinos con lo que las prostitutas salen perdiendo en esas negociaciones y los clientes imponen sus condiciones. Así mismo, como decía antes, la penalización de los dueños de los clubes tratándoles como proxenetas dejan totalmente desprotegidas a las trabajadoras que deben aceptar las condiciones empresariales (horarios de 24 horas sin descansos estipulados, imposición de la clientela y los servicios sexuales que ofrecen, porcentajes abusivos sobre el trabajo que realizan...)sin ninguna ley que las proteja. Así mismo, estas políticas favorecen el desarrollo de mafias y chulos dado que no hay una división clara entre lo que es legal y las prácticas delictivas que encuentran un terreno abonado para desarrollarse al amparo de las prohibiciones que las legislaciones abolicionistas establecen sobre todo el entorno de la prostitución.
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A la hora de legislar sobre la prostitución, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que ésta no es un todo homogéneo. Existen formas diferentes de ejercer la prostitución y de vivirla. La clase social, el nivel cultural, la edad, la apariencia física, la nacionalidad, el origen étnico, el género (porque no todas las personas que ejercen la prostitución son mujeres, también lo hacen los hombres y las mujeres transexuales) y otros muchos factores influyen en cómo se ejerce la prostitución e incluso en cómo considera la sociedad a quien la ejerce.
En general, prostituirse está considerado socialmente como algo indigno porque la sexualidad sigue sacralizada y magnificada en nuestras sociedades y, a pesar de que quien más quien menos vende algo para poder subsistir (por ejemplo: su capacidad de trabajo, sus conocimientos, etc.), vender sexo se considera lo peor de lo peor, la mayor de las indignidades. Pero también está claro que se considera peor que sea una mujer quien lo haga (incluso a un hombre que vende actos sexuales en el marco de la heterosexualidad no se le llama ´prostituto´ sino que existen otros eufemismos, menos insultantes, para nombrarlo, por ejemplo ´gigoló´), tampoco se considera igual al hombre que se prostituye en el marco de la heterosexualidad que a quien lo hace en el de las relaciones homosexuales.
Así mismo, la clase social influye en los niveles de estigma o discriminación que sufren las prostitutas, no es lo mismo prostituirse en La Ballesta que hacerlo para un sector más poderoso económicamente, no digamos ya si de lo que se trata es de hablar de las altas esferas sociales y de los eufemismos que existen para hablar de las prostitutas de alto standing (azafatas, señoritas de compañía, etc.). Además, la doble moral existente hace que se estigmatice más a aquellas prostitutas que se dejan ver (prostitución callejera) ya que resultan especialmente molestas al no permitir que la sociedad ignore su existencia. En estos casos al estigma por ejercer la prostitución se le suma frecuentemente la marginación y la exclusión de la sociedad, obligadas a vivir y a ejercer en barrios conflictivos, degradados, donde se acumulan diferentes problemáticas y sectores marginados y dónde las prostitutas se convierten frecuentemente en los ´chivos expiatorios´ sobre los que recaen frustraciones sociales más amplias y que nada tienen que ver con ellas. Tampoco es igual ser de aquí o tener otra nacionalidad pues frecuentemente sobre las inmigradas recae también una doble discriminación, más en estas épocas donde afloran brotes de xenofobia por doquier y dónde tan rápidamente se ha olvidado nuestro pasado de emigrantes. Ni es igual ejercer la prostitución ocasionalmente (amas de casa que alargan el sueldo, estudiantes...) o hacer de ella el modo de sobrevivencia exclusivo.
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Con todo esto lo que quiero resaltar es que existen situaciones muy diferentes en el ejercicio de la prostitución y que estas diferencias conllevan problemáticas y vivencias muy diversas para quien ejerce. Por lo tanto, es imprescindible que las propuestas políticas que se elaboren para paliar algunos de los problemas que hoy padecen las prostitutas tengan en cuenta esta diversidad y no se generalice sobre la base de estudios parciales o se hable de sus problemas partiendo de casos particulares o de sectores específicos de prostitutas como si se tratara de un colectivo homogéneo.
Y dentro de esta diversidad hay que considerar cómo viven el estigma social, cómo responden a la consideración que recae sobre quién ejerce la prostitución. Desde mi punto de vista estas vivencias están condicionadas tanto por los factores antes mencionados como por factores de tipo individual, entre los que destacaría las propias vivencias ante la sexualidad. Así, nos encontramos con prostitutas que consideran el ejercicio de la prostitución como algo terrible y angustioso, como un mal menor al que no queda más remedio que adaptarse para sobrevivir. Para este sector de prostitutas es fundamental contemplar planes de formación y empleo realistas y conceder más subvenciones y proponer más medidas sociales a las que puedan acogerse aquellas prostitutas que desean dejar la prostitución.
También dentro de esta diversidad merece un apartado especial la situación de las trabajadoras sexuales inmigrantes, pues frecuentemente son mayoritarias entre las mujeres que ejercen su trabajo en la calle y presentan formas de exclusión particulares que vienen dadas por la intersección de tres categorías: son mujeres (con las dificultades que eso tiene a la hora de buscar un puesto de trabajo en nuestro país, dado que la mayoría de trabajos que se ofertan son para hombres, salvo el del servicio doméstico), son inmigrantes (sufren las discriminaciones y restricciones de derechos ciudadanos que favorece la Ley de extranjería) y ejercen el trabajo sexual (con la arbitrariedad, alegalidad y falta de reconocimiento que este trabajo tiene).
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Medidas legislativas
A la hora de legislar sobre la prostitución hay que tener en cuenta la diversidad de situaciones a las que antes he aludido. Y en primera instancia hay que separar lo que es delito, la prostitución forzada, y legalizar la prostitución por decisión propia.
Frente a la prostitución forzada es necesario que se persiga con determinación a las mafias que mantienen a las mujeres trabajando en un régimen de esclavitud. Pero las acciones que se realicen deben poner en primer término la protección de las mujeres que denuncian sin criminalizar a las víctimas y dándoles posibilidades de quedarse en nuestras país, pues eso es lo que muchas de ellas desean.
Para el sector de mujeres que han interiorizado el estigma que la sociedad hace recaer sobre las prostitutas, se sienten mal trabajando en esto y desean abandonar el ejercicio de la prostitución es necesario que se destinen recursos económicos y materiales y alternativas de formación y empleo reales y efectivas, a los que puedan acogerse voluntariamente.
Pero un tanto por ciento muy elevado de mujeres, mayoritario según nuestros datos, desea continuar ejerciendo la prostitución pero en mejores condiciones. Desean ser tratadas con dignidad, sin ser estigmatizadas por desarrollar ese trabajo; desean no ser discriminadas y tener los mismos derechos que otros trabajadores; aspiran a poder trabajar en la calle pero en zonas tranquilas, seguras, sin ser molestadas y sin molestar ellas a nadie... Este sector de mujeres es el que con frecuencia queda en el olvido cuando se habla de prostitución reduciéndola toda al problema de las mafias, de la trata de mujeres y de la esclavitud sexual. Nosotras creemos que es imprescindible denunciar que hay mujeres obligadas por las mafias a prostituirse en régimen de esclavitud, que temen por su vida, que están secuestradas, amenazadas y que no tienen ninguna capacidad de negociar ni los servicios sexuales ni la clientela. Pero esto no puede ser equiparado a la situación de aquellas que deciden ejercer por decisión propia, aunque esta decisión este condicionada por múltiples factores, como ocurre con todas las decisiones que las personas tomamos a lo largo de nuestra vida. Aunque evidentemente estos condicionamientos pueden ser muchos y muy determinantes o pocos y menos determinantes pero de lo que se trata es de mejorar la situación social de las mujeres en general y de aquellas más marginadas, pobres y excluidas en particular, para que cada vez los condicionamientos sean menos y el margen de decisión sea mayor.
Parto del hecho de que las trabajadoras del sexo son mujeres que, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. En esta medida, la venta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación actual colabora a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga como está sucediendo últimamente en Barcelona y Madrid.
Lo importante es que en este proceso las trabajadoras del sexo se constituyan y sean reconocidas como sujetos sociales y sujetos de derechos y que, tanto el debate que se genere sobre esta actividad como las medidas concretas que se adopten sirvan para dar poder a las trabajadoras para que puedan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y que eso repercuta tanto en su autoafirmación personal como en la normalización de esta actividad. Será el conjunto de este proceso el que sirva para luchar contra el estigma que hoy recae sobre quien ejerce este trabajo.
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La legalización o la regulación no van a acabar con la marginación o la discriminación de las trabajadoras del sexo. Para que mejore la situación de las trabajadoras del sexo, especialmente la de aquellas que están en peor situación -las más pobres y las inmigrantes que son las que, mayoritariamente, ejercen la calle- es necesario que se legisle pensando fundamentalmente en reconocer legalmente sus derechos para que así su actividad pueda ser reconocida como un trabajo y combatir el secretismo y la vergüenza en los que hoy se mueven.
Ahora bien, también hay que tener en cuenta que el trabajo sexual no es un trabajo como cualquier otro. Por el estigma que conlleva ejercerlo y porque se ofertan servicios sexuales, deben contemplarse las especificidades que comporta y tenerlas en cuenta a la hora de legislar sobre él. En este sentido la legislación debe ser clara en defender que sea sólo la trabajadora del sexo la que decida sobre los clientes que coge y los servicios sexuales que oferta, sin que nadie pueda interferir en sus decisiones.
Así mismo, cualquier medida legislativa que se tome tiene que tener en cuenta la voz de las trabajadoras del sexo. Se les tiene que consultar sabiendo que no tienen una voz unificada ni homogénea porque sus situaciones de trabajo y existencia son muy diversas tanto en relación a la conciencia que tienen en tanto que trabajadoras como por las condiciones en las que desarrollan su trabajo (calle, autónomas, clubes, a tanto por ciento...), los niveles sociales, económicos y culturales que tienen o las diversas maneras cómo les afecta su trabajo. Todo ello debe ser considerado a la hora de proponer medidas legislativas en relación a la prostitución.
Algunas consideraciones finales
La prostitución es uno de los temas que provoca debates más intensos dentro del movimiento feminista. Aunque la preocupación de partida es para todas la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, las formas de conseguirlo difieren tan fuertemente que hoy ha dado lugar a dos posiciones que parecen irreconciliables: la desaparición o abolición frente a la defensa de los derechos de las prostitutas. Aunque en determinadas acciones ambas posiciones podríamos coincidir, por ejemplo en defender a las prostitutas frente a las agresiones o en demandar la persecución de las mafias y la defensa de las mujeres que son obligadas por ellas, esto en la práctica es imposible. Creo que, entre otros factores, porque en estas posiciones subyacen una serie de presupuestos diferentes.
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Para mí la dignidad de las personas está por encima del trabajo que realizan. Una cosa es decir que las condiciones en las que se ejerce la prostitución son, en muchos casos, indignas y otra muy diferente es considerar -como hacen las abolicionistas- que lo indigno es ejercer este trabajo. Las trabajadoras sexuales son mujeres tan dignas como cualquier otra y sabemos que tienen capacidad para decidir sobre sí mismas y sobre sus condiciones de vida, aunque a veces lo tengan difícil. Son mujeres que intentan vivir en un mundo lleno de desigualdades de todo tipo (económicas, de género, étnicas, culturales, religiosas,...) buscando, dentro de las situaciones concretas que les han tocado vivir, cómo mejorar sus condiciones de existencia.
Parto de que uno de los objetivos fundamentales del feminismo es la construcción de las mujeres como sujetos autónomos, no dependientes de los hombres y con capacidad de decisión, aunque los márgenes para que esta capacidad pueda actuar varía enormemente de unas mujeres a otras. En este sentido, creo que las propuestas feministas tienen que contribuir a ampliar estos márgenes, a hacerlas ganar en autonomía y, en definitiva, a empoderar a las mujeres. Y para que esto pueda ser algo más que una buena intención es necesario partir de las mujeres de carne y hueso y las situaciones reales que éstas viven, pues a veces por defender la dignidad de LA MUJER en abstracto y con mayúsculas, nos olvidamos de la dignidad de las mujeres concretas que tenemos a nuestro lado.
No me gusta nada victimizar a las mujeres porque creo que esta victimización no ayuda en nada a cambiar su situación. Todas las personas, incluso en aquellas situaciones más terribles y dramáticas, tenemos cierta capacidad para rebelarnos y para hacer algo para cambiarlas y es en esta capacidad, de todas las mujeres, a la que las feministas hemos apelado siempre en nuestros discursos. Por ello me parece fundamental respetar las opciones que toman las mujeres, sin considerarlas sujetos menores de edad necesitados de una protección estatal aún en contra de su voluntad. Precisamente nuestro movimiento feminista nació rebelándose contra el tutelaje y el falso proteccionismo de las leyes franquistas que nos consideraban menores de edad necesitadas de protección legislativa, social, familiar, etc. Considerar que todas las prostitutas están coaccionadas para ejercer la prostitución impide ver las estrategias concretas que utilizan las mujeres para vivir en un mundo lleno de desigualdades, y no sólo por su condición de mujer, y sólo reconociendo y apoyando estas estrategias podremos desarrollar su capacidad de decisión y rebelión.
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Obviamente la existencia de la prostitución y las condiciones en las que se da tiene mucho que ver con la división de géneros de nuestra sociedades: no es casual que sea mayoritario el número de mujeres que ejercen la prostitución, muy por encima de las mujeres transexuales, los travestis o los chaperos, o que la mayoría de clientes sean siempre hombres. Así mismo, el estigma que recae sobre las prostitutas no es igual que el que recae sobre los chaperos o sobre los hombres que se prostituyen en el marco de las relaciones heterosexuales a los que se nombra como gigolós, una palabra que no conlleva el estigma que sí tiene la palabra puta. Ciertamente, la prostitución, tiene que ver con la situación de subordinación social y laboral de las mujeres en nuestras sociedades. Pero esta constatación no puede llevarnos a ver a las prostitutas como las que colaboran y refuerzan el patriarcado ni como las víctimas por excelencia de él. Todas, de una u otra forma, vivimos situaciones de subordinación que intentamos combatir como podemos. En muchos momentos nos rebelamos contra estas situaciones y en otros conciliamos con la realidad, pactamos con ella porque no podemos estar las 24 horas del día espadas en alto. Nuestra existencia es un extraño equilibrio entre la rebelión y el pacto y no por ello se puede decir que colaboramos con el patriarcado. Es una pura cuestión de supervivencia. Pero es que además pensamos que la prostitución expresa también las estrategias de sobrevivencia de muchas mujeres, estrategias que les proporciona mayores ingresos y mayor independencia económica que la que alcanzarían en otros sectores laborales, en sociedades donde las mujeres ocupan los puestos de trabajo peor remunerados y más informales del mercado laboral.
Desde mi punto de vista, para entender bien las situaciones complejas que se dan en el mundo de la prostitución es necesaria una mirada multilateral, amplia, una mirada feminista integradora de las diferentes causas y problemas que confluyen en la realidad concreta. Así, no creemos que la situación de las prostitutas pueda reducirse al afán de dominio y prepotencia de los hombres y de su sexualidad. Por el contrario creo que es fundamental que contemplemos otros factores como son la pobreza, los desastres naturales y provocados que hacen que miles de mujeres tengan que abandonar sus países y vengan al nuestro buscando un futuro mejor y sabiendo que lo que van a hacer es trabajar como prostitutas. O que tengamos en cuenta que estamos en sociedades mercantiles que tienden a sacar al mercado y convertir en mercancía muchos de los servicios que antes se desarrollaban en el marco de las estructuras sociales y familiares: como por ejemplo el cuidado de niños y ancianos, la comida preparada... Por ello no es extraño que los servicios sexuales también se hayan mercantilizado y quienes los utilizan no sean siempre ni necesariamente hombres prepotentes, con afán de dominio y que abusan de las trabajadoras (que los hay) sino en muchos casos hombres solitarios, con dificultad para desarrollar relaciones sexuales y personales satisfactorias, hombres que quieren encontrar un momento de satisfacción sexual sin más complicaciones.
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Parece claro que ante esto caben diferentes valoraciones morales, habrá a quién le parezca mejor o peor en función de las ideas que se tengan sobre la sexualidad, porque creo que, en última instancia, este es el problema. Todos vendemos algo para poder subsistir y lo que la gente progresista y de izquierdas nos hemos planteado siempre es mejorar las condiciones de trabajo, nunca la abolición de ningún trabajo. Pero se diría que si esto se plantea con la prostitución es porque lo que se intercambia son servicios sexuales. En este sentido, y respetando las posiciones de cada cual en relación a la sexualidad no creo que las feministas tengamos que ser las garantes de la moral pública, estableciendo lo que está bien o mal en el campo de las relaciones sexuales entre mujeres y hombres. El riesgo de caer en moralismos normativos que acaben coaccionando y limitando la capacidad de autodeterminación de las mujeres creo que es evidente.
La prostitución plantea un reto al feminismo: ser capaz de promover el orgullo entre las prostitutas y, a la vez, aspirar a una sociedad en la que las relaciones sexuales y sociales, en general, estén menos mercantilizadas. Es un reto difícil, sin duda, pero también apasionante, pues solventarlo bien tiene repercusiones no sólo para las prostitutas sino también para la libertad sexual de todas las mujeres, independientemente del trabajo o la situación social que tengamos cada una de nosotras.
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